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La Institución Universitaria Pascual Bravo es un establecimiento público con Personería Jurídica, administrativa, patrimonio independiente y su especialidad es prestar el servicio público de educación superior en la modalidad tecnológica.

En el año de 1935, La Asamblea de Antioquia por medio de la Ordenanza número 037 crea la “Escuela de Artes y Oficios” anexa a la Universidad de Antioquia, cambiando luego su nombre por el de “Escuela de Artes y Oficios Pascual Bravo”, en honor al héroe antioqueño.Como entidad estatal descentralizada surgió en el año 1982 con la expedición de la Ley 52 de ese año.

Está adscrita al Ministerio de Educación Nacional y toda su actividad administrativa se inspira en el principio de la legalidad.

Las normas que en la actualidad regulan su actuación son:

  • La Constitución Política, en lo atinente a la administración pública y al servicio público de la educación
  • La Ley 30 de 1992, por la cual se reorganizó el servicio público de la educación y sus Decretos reglamentarios
  • La Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación de la Administración Pública
  • La Ley 87 de 1993 reguladora del Sistema de Control Interno
  • La Ley 136 de 1994 relativa a las inhabilidades de los Concejales y Diputados
  • La Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción
  • La Ley 200 de 1995 Código Disciplinario único
  • La Ley 443 de 1998 reguladora de la Carrera Administrativa
  • La Ley 489 de 1998 por la cual se modernizó el Estado
  • Ley 749 de 2002, sobre la educación técnica y tecnológica

Y como entidad de educación superior tiene su normatividad interna esencial para el logro de su misión fundamentada en la Ley 30 de educación superior, estas normas son:

  • El Estatuto General – Acuerdo 025 de 1997 y aquellas que lo modifican, adicionan, complementan y reforman
  • El Reglamento Estudiantil – Acuerdo 007 de 2000
  • El Estatuto Docente - Acuerdo 011 de 1999
  • El Proceso de selección de estudiantes Resolución No. 316 de octubre 08 de1999

La actividad administrativa del Instituto se desarrolla con arreglo en los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, economía, igualdad y publicidad como presupuestos esenciales para cumplir los fines del Estado y brindar en condiciones de calidad el servicio público de la educación.

El Instituto entró a la década de los 90 con una serie de retos para mejorar el desarrollo de sus funciones académicas y administrativas.

En 1991 entró en vigencia la nueva Constitución Política del país en cuyo texto consagró de manera más relevante la educación como servicio público, derecho fundamental y social, a la vez que abrió espacio a la autonomía universitaria, la misma que si bien no se la reconoció directamente a las instituciones de educación superior diferentes de las universidades, sí permitió inferir de su regulación que por Ley podía extenderse dicha autonomía como en efecto la reconoce la Ley 30 de 1992 en su artículo 29.

A la vez ha iniciado el nuevo milenio con un sin número de retos sociales, políticos, culturales, y con un llamado a la calidad integral tanto en su componente académico como el administrativo, y también de su talento humano.

Otro de los retos es su consolidación en el régimen de lo local y en su integración departamental, regional, nacional e internacional.

 
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